207.-EL DERECHO DE DAÑOS LABORALES Y LA REFORMA DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO - RJCornaglia

a)    Respetar el derecho de las víctimas a una indemnización tarifada mínima, pero razonable, y contar con  las prestaciones salariales y en especie necesarias para alcanzar la rehabilitación posible.

b)    Adoptar las disposiciones que respondan a los principios de celeridad y automaticidad de otorgamiento de esas indemnizaciones y prestaciones.

c)     Reconocer el derecho a poder reclamar del dañante la superación de la indemnización mínima que reconozca el sistema, a partir de la prueba posible de un daño mayor y en cuanto la indemnización tarifada no sea suficiente para cubrir con la reparación integral.

d)    Calificar al infortunio laboral como aquél producido en ocasión o con motivo del trabajo, superando los criterios actuales, que limitan al accidente en su definición de tal dejando fuera de cobertura a los que no revisten el carácter de súbitos y violentos y a las enfermedades únicamente como a las consideradas como profesionales, dejando en principio sin cobertura a aquellas que no están listadas por la administración.

e)    Respetar el ejercicio libre de las acciones que cumplan esos fines, ante el juez natural, con acatamiento a las normas procedimentales locales  y respeto al derecho a la jurisdicción laboral sin retaceos.

f)      Rechazo a implementar legalmente opciones excluyentes de acciones, que impliquen limitar de cualquier forma el acceso irrestricto a la justicia para los trabajadores.  

g)    Sujeción de las Comisiones Médicas a las autoridades administrativas locales.

h)     Acceso de las víctimas a los recursos administrativos que correspondan a esos derechos a la jurisdicción ante las autoridades locales y revisión judicial amplia, incondicionada  e irrestricta. Sin condicionar el ejercicio de las acciones de daños judiciales, al agotamiento de los trámites ante las A.R.T. o las Comisiones Médicas.

i)       Reemplazo de las incumbencias jurídicas delegadas a los profesionales de las ciencias médicas en las funciones asignadas actualmente, con agravio de la abogacía, provocando con ello arbitrariedades manifiestas por falta de natural capacidad especializada de los que sin preparación técnica y científica resuelven cuestiones de derecho.

j)       Respeto del fuero del trabajo, como el idóneo para el tratamiento de los derechos sociales involucrados en estos conflictos.”[2]

Esa era la forma en que se expresaba la abogacía organizada, para entonces, llevando a cabo una lectura crítica del sistema vigente y emparchado, que a todos luces resultaba necesario reformar por las tachas de inconstitucionalidad que había merecido. Pese a la reforma de octubre del 2012, practicada mediante la Ley 26.773, sus requerimientos de entonces, siguen teniendo plena razón de ser, en cuanto a la mayor parte de los temas abordados.

Desnuda el dictamen que los aumentos tarifarios de la reparación de daño, no purgan al sistema de sus vicios. Atenúan uno de sus aspectos, pero pretende mantener los otros, compensando la inconstitucionalidad con una magra comisión para practicarla, con lo que la víctima pasa a quedar en peor situación que antes, cuando su reclamo se apoyaba en el antecedente jurisprudencial que trabajosamente había tratado de respetar a la teoría general de la responsabilidad, cuando se la aplica a los trabajadores, como sujetos de especial consideración tuitiva constitucional.

Pone de relieve ese trabajo, que ahora pasa a tener significativa importancia ante la posibilidad de articular nuevas demandas de inconstitucionalidad,  tachando a la ley 26.773 y puede ser usado básicamente para articularlas, los vicios que hacen a los siguientes tópicos:

Tercamente, el legislador en la Ley 26.773 redobló la apuesta a favor de la censura al acceso a la justicia ante el juez natural y la anulación de la competencia del fuero de trabajo, en las acciones comunes que desde la creación de ese fuero,  en la década de 1940, las leyes procesales reconocieron como de básica incumbencia.

Insistió el legislador, dando satisfacción a un reclamo del empresariado, que siempre pretendió que cuando el juicio de infortunios cobra todos los poderes que le asigna el derecho de daños, sea derivado a un juez, que trate a las víctimas trabajadores dependiente, en un plano de estricta igualdad y en función de los principios generales del derecho civil, en los juicios que tramiten contra sus patrones como dañantes demandados.

La reforma lleva al derecho positivo, la censura al acceso irrestricto a la justicia especializada, única capacitada para juzgar sobre el contrato trabajo en cuanto a los daños que tienen razón de hacer en sus prestaciones, en cuanto esos daños pueden responder a conductas culposas o dolosas, reguladas por la compleja legislación de seguridad e higiene, Ley 19.587 y sus reglamentaciones que se desgranan en decretos y resoluciones de la autoridad de aplicación, como así también en previsiones múltiples de más de dos mil convenios colectivos de trabajo.

La censura ya había sido planteada con timidez en el art. 16 de la Ley 24.028, pero se profundizó en la ley 24.557, mereciendo por ello críticas y sentencias de inconstitucionalidad en lo que hace al irrestricto acceso a la justicia por los trabajadores o sus causahabientes, en cuanto a las demandas por ante el juez natural, destinadas a acceder a justas e integrales reparaciones de daños padecidos.

De atenernos a su texto, el trabajador víctima de un infortunio laboral, no podrá seguir reclamando en forma irrestricta ante un juez laboral, la reparación de los daños y las prestaciones en especie (tratamientos médicos y rehabilitatorios), cuando éstos le sean negados por un empleador dañante, su aseguradora de riesgos del trabajo, o la autoridad de aplicación (Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Comisiones Médicas).

Se ha señalado categóricamente por el IDEL que resulta peyorativo el trato dado a la justicia del trabajo, y que la normativa sancionada se constituye en una afrenta gratuita para los abogados (por los términos en que fue fundado el proyecto de la norma) y un valladar, para acceder a jueces especializados en la rama jurídica que operativiza los derechos humanos y sociales, involucrados en la protección de salud y vida de los trabajadores asalariados, en cuanto resulten víctimas de daños, que sucedan en función de las actividades lucrativas de sus empleadores.

Sólo una justicia especializada, capaz de racionalizar los conflictos sociales propios de un Estado de Derecho moderno, ofrece garantías de objetividad e idoneidad, que no brindan los jueces que no están preparados para ello. Menos aún cumplen esa función, los órganos administrativos con que se les pretende reemplazar, con una medida violatoria del principio de progresividad, colocando a los trabajadores al margen de una conquista social que se venía manteniendo desde la década de 1940.[4]

El juez natural y competente, en garantía del debido proceso judicial de los derechos humanos y sociales que se someten a su control, debe estar facultado ampliamente tanto para revisar el proceder administrativo como para brindar el acceso irrestricto al reclamo judicial, cuando la víctima encuentre mayor garantía en la justicia para resolución de cuestiones, en las que la burocracia sirve para obstaculizar o desvirtuar esos derechos.

El Juez natural es la persona en condiciones de interpretar y aplicar la compleja normativa de la seguridad e higiene y el que tiene el deber de impulsar la instrucción penal, contra los dañantes, cuando de ellas resulten lesiones u homicidios culposos.

El documento que comentamos señala, que “la derivación de las acciones de daños laborales, propias del derecho común a la justicia Civil constituye un agravio gratuito y torpe al derecho de acudir ante el juez natural.”

Y que “Imponer al juez, interpretar las acciones comunes a partir de los principios generales del derecho civil, es no haber comprendido a la cuestión social y haber admitido al conflicto entre el trabajador-víctima y el empleador-dañante, como un concepto inherente a la relación de trabajo, al que la norma de Estado Social de Derecho debe racionalizar.

“En la economía moderna, la apropiación del trabajo dependiente, se cumple a partir de una relación matrizada por esa conflictividad que le es inherente, la que no se resuelve por vía de ignorarla o censurarla, en los Estados que se afirman en el constitucionalismo social.”

Por otra parte y a partir de la defensa del federalismo, valor que la F.A.C.A., entiende a partir de la representación que ejerce a rajatablas de ese tipo de organización integrando a más de ochenta colegios públicos de abogados, el documento destacó que en la mayoría de las Provincias Argentinas, las leyes de procedimientos locales y algunas de sus más avanzadas Constituciones,  esa competencia está adjudicada a la justicia de trabajo, con claro fin de dar mejor protección a las víctimas y comprender, como no se lo hizo en la ley sancionada, que hay acciones comunes de reparación de daños integrales, que se fundan en normativa laboral. Esto, independientemente de otras normas del derecho civil, comercial, aeronáutico y de la navegación, que también pueden atribuir responsabilidad por daño a los trabajadores, en el marco de conductas encuadradas en ocasión y con motivo de las prestaciones del contrato de trabajo.

Y finalmente, proyectándose al plano del derecho internacional al que la Argentina debe someterse, se señala que el art. 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, exige a los Estados americanos implementar una “jurisdicción especial del trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos”. El derecho constitucional de acceso a la justicia por parte de los trabajadores  se garantiza mediante el acceso directo a un tribunal competente, mediante un recurso efectivo y rápido y el derecho a ser prontamente oído por dicho tribunal, independiente e imparcial (artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derecho Humanos).

El trabajo hace a la dignidad del hombre y la Constitución argentina así lo reconoce.

Se ha señalado apropiadamente en el Dictamen del IDEL;, que Ley 26.773, contraría al art. 14 bis, por cuanto el legislador debe proteger mediante la ley al trabajo, “asegurando al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor;...”. Y que no es trabajo digno, aquél que no cuente con el derecho a reclamar ante el poder judicial, sin impedimentos legales, prestaciones de salud y resarcimiento integral de los daños que en la salud o vida, pueda sufrir el ser humano. Esto abundando en jurisprudencia de la Corte que supo resaltarlo..[5]

Con agravio del derecho de defensa, el debido proceso judicial, la teoría general de la responsabilidad y la pluridimensión de los regímenes que la integran,  por vía pretoriana y sin que el derecho positivo consagrado en la ley 9.688, lo autorizara, en determinados períodos históricos, se construyó la idea de que ciertas indemnizaciones percibidas en estado de necesidad, pese a ser insuficientes, implican una renuncia al derecho de la reparación integral del daño. Es más, que sólo intentar el ejercicio de una acción, veda a la posibilidad de reclamar en subsidio a las otras. [6]  

El artilugio procesal de crear por vía de una ley, la ficción de una opción excluyente, que coloque a la víctima que cobra las indemnizaciones tarifadas propias de los beneficios de la seguridad social, en situación de no poder reclamar el daño mayor que pudiera haber sufrido, contra los causantes del mismo, no supera los controles de constitucionalidad  y convencionalidad, que imponen el respeto a los derechos fundamentales humanos y sociales.

El instituto de la opción excluyente, implica una burda extorsión a partir del estado de necesidad de la víctima. Una coacción, de ese tipo, vicia el consentimiento presuntamente otorgado y constituye una ficción para transformar en renunciable, lo que por su naturaleza es irrenunciable.

Llega la norma sancionada, al derogar el art. 39, apartados 1, 2 y 3 de la Ley 24.557, a vedar la acción judicial de reparación de daños en caso de dolo del empleador por ante el juez del trabajo, dotando a los dañantes de una inmunidad que resulta groseramente inconstitucional.

Son innumerables las resoluciones de Congresos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que expresamente rechazaron a la llamada opción excluyente, por constituir una grosera violación de los arts. 18 (derecho de defensa de la víctima y garantía del debido proceso judicial) y 19 (consagratorio del deber de no dañar y el correlativo de acceder a la reparación), ambos de la Constitución Nacional. En el caso, es de aplicación el art. 28 de la Constitución Nacional, por la manifiesta irrazonabilidad de la ley operativa, lo           que impone ejercer el control necesario en resguardo de derechos fundamentales.

Desde el punto de visto institucional y en especial, de la arquitectura constitucional del Estado Social del Derecho y su orientación, el  IDEL-FACA ha destacado anteriormente, que la reforma que se debe llevar a cabo, debe respetar el programa constitucional desarrollado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y reconocer que los organismos de la Seguridad Social deben ser entidades nacionales o provinciales cogestionadas por sus beneficiarios y ajenas a la lógica propia de los fines de lucro.

Ello determina necesariamente que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, deben dejar de constituirse en una privatización encubierta del subsistema de seguridad social que refiere a la salud y vida alcanzados por los riegos del trabajo. Se impone el sinceramiento de la seguridad social en la materia, madurando como servicio público y, funcionando en relación directa con el sector público de la medicina y con las obras sociales.

Ese precepto constitucional sostiene que los beneficios de la seguridad social tendrán el carácter de integral e irrenunciable. Sostener como se lo hace en la Ley 26.773, que el ejercicio de acciones judiciales o la percepción de indemnizaciones magras, implica una renuncia de esos derechos, es una burla del derecho de fondo reglamentado, que merece el control de inconstitucionalidad al que desafía. Luis María Jaureguiberry, convencional constituyente de la reforma del años 1957 que implementó el art. 14 bis, desde la autoridad de haber sido uno de los informantes de la reforma, explicó en cuanto al otorgamiento de los beneficios de la seguridad social: “Es deber del Estado otorgar sus beneficios lo que importa que sea obligatorio para éste, lo que no debe confundirse con el carácter de “irrenunciable” que tiene el precepto, y que está referido a sus beneficiarios. Son dos puntos de vista distintos. Para el Estado: Deber u obligación. Para el beneficiario: Derecho de orden público y por lo tanto irrenunciable”.[7]

Este artículo, como el lector lo ha advertido, es una crónica, que parte de la glosa de dictamen de un instituto asesor la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Aunque refiere a la reciente sanción de la Ley 26.773, lo cierto es que las posiciones que se reiteran a partir de esa reforma, ya habían sido adoptadas como doctrina de la entidad y lejos estuvieron de ser oídas, valoradas o tenidas en cuenta por el legislador.

Sin ninguna duda, no faltarán conflictos que la justicia tenga que resolver, a partir del control de constitucionalidad y el tiempo dirá si lo advertido tenía razón de ser o no. Mientras tanto, las víctimas en gran medida, seguirán subsidiando a los dañantes y sus aseguradoras. Lo harán a costa de su salud y vida..