90.- EL MISERABLE VALOR VIDA DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS - RJCornaglia

Vaya al Contenido
En la Revista del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes “Cosa Juzgada”, Buenos Aires, diciembre de 1998, año II, n° 3, pág. 52.
EL MISERABLE VALOR VIDA DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS.
Por Ricardo J. Cornaglia.

En fecha 4 de mayo de 1998, el Tribunal del Trabajo N° 1 de Quilmes, en los autos “López, Carlos Felix c/ Frigorífico Calchaquí Pord. 7 S.A. s/ daños y perjuicios”, hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley sobre riesgos del trabajo 24.557.
Este fallo se suma a otros de tribunales de Lanús, San Isidro, La Plata y Necochea que vienen haciendo lugar a los reclamos de reparación por los infortunios de trabajo dirigidos a los empleadores.
De esta forma se reconoce el derecho de los trabajadores a procurar la reparación integral de los daños que sufren, sin perjuicio de la existencia de seguros.
Se desmantela así las trabas que en el acceso de la justicia, ha construido el legislador de la flexibilidad laboral, en beneficio de los empleadores y perjuicio de sus trabajadores víctimas de accidentes o enfermedades que tenga por causa el trabajo.
Esos casos de la jurisprudencia, rescatan un derecho que diera base a toda la legislación social del país. Y se afirma la existencia del derecho de daños laborales, como un natural desprendimiento del principio del artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagra para todo habitante del país, el derecho a la reparación de los daños causados por otros.
La mañosa ley 24.557, con su estructura propia del economicismo, trató a los trabajadores en forma discriminatoria, haciéndolos ciudadanos de segunda.
A partir de su sanción los accidentados de trabajo reciben prestaciones miserables, pero son la excusa para la organización de un negocio que permite a un grupo de empresas del seguro, administrar y disponer, de un capital integrado por verdaderos impuestos sociales, que alcanza aproximadamente a mil millones de pesos por año.
En la intermediación, la población argentina paga a partir de costos laborales que se vuelcan en todos los bienes y mercaderías producidos y consumidos. Solo un grupo de intermediadores beneficiarios del negocio (las aseguradoras de riesgos del trabajo, las empresas autoaseguradas y las aseguradoras de fondos de retiro), se benefician administrando un servicio que culmina, con prestaciones miserables.
El silencio cómplice del empresariado argentino fue comprado con la liberación legal de responder por los daños, en la medida en que se afilien a las ART. Por otra parte, los patrones que ni siquiera se afilian, solo responden por los daños que causan con su actividad, en la medida de una tarifa que parte de un valor vida que resulta indigno.
Tarifa en sí que para la mayoría de la población (la que gana menos de 500 pesos mensuales), no variará en absoluto si se eleva el tope legal de pesos 55.000 a 110.000, como lo viene prometiendo el gobierno, ya que la medida solo beneficiará a los trabajadores de alta remuneración.
La vida de un trabajador de 400 pesos de ingreso mensual, de 65 años de edad, a partir de la tarifa de esa ley sobre riesgos del trabajo 24.557 cuesta 17.200 pesos, que son depositados para que los administre una aseguradora de fondos de retiro y los restituya a sus causahabientes, en cuotas mensuales que pueden llegar a ser de aproximadamente 75 pesos.
El piloto fallecido en el accidente de Austral ocurrido en octubre del año pasado, si se ajusta al sistema legal (tenía 40 años de edad y ganaba 8.100 pesos de sueldo), daría a su viuda y dos hijos menores el derecho de percibir 154 pesos mensuales, según se lo comunicó la empresa empleadora, desligando responsabilidades, desde la cómoda posición de refugiarse en la protección de esa ley que los tribunales comienzan a declarar inconstitucional.
La situación alcanza a cerca de 3.000 muertes de trabajadores por año en accidentes súbitos y violentos, pero se eleva exponencialmente con las enfermedades que causan muerte o incapacidades parciales y permanente. Los infortunios laborales suman decenas de miles por año.
El reciente accidente en una obra en construcción en la que perdieron varios obreros la vida, nuevamente sacude a la opinión pública por que la prensa comienza a advertir el cambio regresivo que en las condiciones de vida los trabajadores y sus familias sufrieran con la ley cuestionada.
La situación reviste las características del escándalo y el negocio armado durante la gestión Cavallo, a partir de la norma cuestionada, demuestra tener pies de barro. Como la mayor parte de las leyes propias de revolución conservadora en el mundo, la legislación de la flexibilidad laboral, disfraza de falso modernismo, el retorno a un pasado en que la explotación de los trabajadores puso de manifiesto el duro, inquietante y dramático rostro de la cuestión social.
Regreso al contenido