342.- La propiedad social como refugio último de los débiles. Doctrina Laboral Errepar, mayo 2024 - RJCornaglia

                

LA PROPIEDAD SOCIAL COMO REFUGIO ÚLTIMO DE LOS DÉBILES(1)

I ​- LA EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD SOCIAL                                                                  

El Renacimiento y la posterior era de la Modernidad, impusieron en el saber jurídico cambios revolucionarios. El derecho se secularizó, cuestionando al dogmatismo y el hombre tuvo que fundar el derecho en la razón, apoyándose en una red de mandatos.

Al dejar la divinidad de ser la fuente del poder normativo y perder legitimidad para decir y aplicar el derecho quienes la representaban en el mundo, el hombre sublimado en pueblo se constituyó en el nuevo soberano legitimador del poder. No de cualquier poder y menos aún del abuso del poder. El hombre tuvo que aprender de su vanidosa inmanencia, los límites y los peligros.

Ya la conquista de la libertad como garantía del cuerpo del hombre, (“habeas corpus” mediante), en el año 1215, puso límites al monarca con el reconocimiento de derechos, aunque la real disputa pasó por la propiedad de la tierra de los barones y el respeto a las leyes de la herencia, como bien se lo puede advertir de la más somera lectura del articulado de esa Carta que avanza hacia la secularización, paradójicamente, con el apoyo de la Iglesia de Inglaterra.

pasaban por el domicilio, la tierra habitada y los bienes. Porque el hombre, que comenzó a respetarse como fuente de poder, era tal, que tenía por propio a su cuerpo y los lazos que mantenía con los bienes materiales que le permitían subsistir en

Esas disputas entre los nobles reivindicando el derecho de señoría sobre sus tierras, fueron similares a las anteriores normas constitucionales de la Corte de León de 1188, de las Cortes de Cataluña, del año 1122, y continuaron el proceso con la Bula de Oro, del rey Andrés de Hungría, que data del año 1222, conformando todas ellas un laborioso construir del constitucionalismo, como poder legitimado en reemplazo del que imponía en Estado teocrático totalitario.

Más adelante, en el siglo XVIII (el Siglo de las Luces), el racionalismo, impulsado por el Iluminismo, devino en liberalismo social, económico y político, reclamando un orden normativo a su medida.

En ese orden, el derecho de propiedad se transformó en clave de las garantías de la libertad conquistada. Lo propio no quedó reducido al individuo como sujeto físico. Pasó a alcanzar a su patrimonio en bienes materiales.

En Locke, la propiedad del cuerpo es básica y fluye hacia las acciones de ese cuerpo con especial consideración del trabajo. El derecho de propiedad no está absurdamente reducido a la cosificación. Como si las cosas fueron más importantes que el hombre que se vincula con ellas. Es que, tanto cuando toman recursos del medio natural, cuanto al utilizar su propio cuerpo para trabajar (no existe nada más propio de una persona que su cuerpo), los hombres y mujeres se apropian de la naturaleza, lo que evidencia que existe un proceso de apropiación y de propiedad en todo proceso de trabajo (bien entendido que en modo alguno ese concepto de propiedad debe ser asimilado al concepto moderno de propiedad privada, institución que es solo una de

con el tiempo, consolidado el principio que prohíbe dañar a los terceros, la integridad psicofísica pasará a ser considerada como un derecho humano, y quien la viole deberá restañar el daño provocado.

El paradigma de la propiedad inmueble, que insurreccionó a los barones ingleses en el siglo XIII, en el siglo XVIII en función de la burguesía como clase revolucionaria emergente, mutó en la libertad de comercio y en la propiedad de las máquinas y las empresas que las explotaban. Estas pasaron a ser las propiedades que interesaban para la economía y el derecho. Lo propio del hombre pasó a tener vínculos con el mismo, cada vez más ficcionales, aparentemente desvinculados de su cuerpo, pero siempre dependiendo de su voluntad y psiquis.

Desde entonces (siglo XVIII) hasta ahora, el derecho de propiedad, ha evolucionado de una estricta valoración individual, a una relación social cada vez más compleja. El derecho mantiene vigencia en la medida de que da respuesta eficaz a las necesidades de su época.

Si el Código de Napoleón, que inspiró al Código Civil de Vélez Sársfield, fue llamado críticamente el “Código de los propietarios”, fue porque las conquistas de la libertad, degeneraron en los abusos del poder legitimado por el liberalismo. Lo sagrado pasó a ser cuestionado en relación con los abusos cometidos con el derecho de propiedad

ejercido a partir de libertad de contratación, de comercio e industria. Muy especialmente con la libertad de contratar la apropiación del trabajo ajeno. En consecuencia, como lo destacó Luigi Ferrajoli, el Estado paleo-liberal, partiendo de la confusión entre libertad y propiedad y entre derechos y poderes, preservó el máximo número de estos ámbitos de la intervención del derecho, reservándolos a la “libertad”

del ciudadano: sobre todo la fábrica, donde no entraba el derecho.(5)

tempranamente habían postulado la existencia de un derecho al trabajo como forma de propiedad social que compensara a los “no propietarios”, es decir, a los trabajadores

En el siglo XX, el derecho de propiedad individual comenzó a transformarse a partir de la toma de conciencia de que la propiedad de bienes materiales tiene una función social.

Quien inicialmente sentó cátedra en el país, sobre ese proceso de transformación que sufría el derecho civil fue León Duguit. Invitado en el año 1911, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, entre los meses de agosto y setiembre de ese año, dictó las seis clases que, recopiladas, se constituyeron en su clásica y provocadora obra: “Las transformaciones generales del Derecho Privado desde el Código Napoleón”. La última de sus clases tuvo por título “La propiedad

Dicha obra, integra una trilogía con la que Duguit puso en evidencia el proceso de socialización que estaba acaeciendo y el nacimiento del derecho social como consecuencia. Las otras dos obras de la trilogía son “Las transformaciones del Estado” y las “Transformaciones del Derecho Público”.

Para su época, esa toma de conciencia de lo colectivo en relación con la propiedad como instituto, fue profética. A más de un siglo transcurrido, a esta altura de la metamorfosis de la propiedad, es claro que a la inmensa mayoría de la población le alcanza como significativa solo la propiedad social (es decir, los derechos sociales), que poco tiene que ver con el derecho de propiedad del individualismo, en cuanto al fetichismo de los bienes inmuebles y muebles.

El miembro informante, Arturo Sampay, en la sesión de la constituyente de 1949, del 10 de marzo, lúcidamente sustentó la validez del precepto y su lógico reconocimiento en relación con la consagración de la legitimación de las normas del derecho social que al mismo tiempo se reconocían.

Esta sabia disposición, constituye una regla general del derecho moderno, que plasmaba el lúcido pensamiento de Duguit y que, por responder a la lógica de la coexistencia del derecho de propiedad con el reconocimiento de los derechos económicos y sociales, subsistió a la derogación “de facto” de esa Constitución. Una regla instrumental general de derecho, norma de normas, que resulta no de una disposición específica que la admita, sino de la lógica sistemática del orden jurídico establecido y vigente, que responde al principio general de su razonabilidad.

Se trata de una regla instrumental de derecho a la que no pudo derogar una norma “de facto”, sin la cual no tiene sentido sistemático la reforma de 1957 (que consagró el paradigma de los derechos sociales en el art. 14 bis), o la reforma que ratificó a esta en el año 1994 (que plasmó el paradigma de los derechos humanos en su art. 75.12). Una regla general del derecho propio de los Estados Sociales de Derecho, que permite entender el avance que esa última reforma constitucional llevó a cabo, en materia de derechos humanos y sociales, todos ellos impactantes en las regulaciones posibles atinentes a la propiedad. Solo el entendimiento del orden constitucional propio de ese tipo de Estado puede legitimar cambios al concepto decimonónico de la propiedad privada, como el consagrado en el tratamiento de la propiedad de los pueblos originarios, que operativamente reguló el Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1/8/2015, en su artículo 2028 y siguientes. A su vez, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, reformada y sancionada el 11/10/2008, superó la censura impuesta al tema a partir de la derogación “de facto” de la Constitución Nacional de 1949 y se atrevió a admitir en su artículo 23 que “La propiedad privada es inviolable y tiene función social”.

Mientras las múltiples y complejas formas actuales de la propiedad social no fueron aceptadas y legitimadas, el hombre alcanzaba seguridades en su existencia y la de su familia por vía de acumular la propiedad de cosas inmuebles y muebles. Todo el derecho de familia y sucesorio responde económicamente a ese fin. La teoría general de los contratos en el derecho civil y en el derecho comercial, enaltecedor de la empresa, caminan por el mismo sendero. Están direccionados a proteger los mismos intereses en función de crearle seguridades al hombre a partir de los derechos de propiedad sobre las cosas, que brindaron una garantía superadora de los abusos del poder del Estado autoritario secularizado y enaltecedor del individuo.

Pero al árbol se lo reconoce por sus frutos y la propiedad afirmada en ese proceso que acompañó a la afirmación de la ciudadanía como base legitimadora de la soberanía, y su práctica libertaria, también tuvo los suyos, con sus virtudes y sus defectos. Los

abusos en la libre contratación declinaron en abusos de la propiedad, que dieron lugar a la propiedad social, como superación dialéctica de la propiedad individual. El proceso no significó una negación de la propiedad individual, sino una necesaria ampliación de esta en función de la lucha por las seguridades de las que carecemos.

En la sociedad del salariado, que devino de la libre contratación apropiativa del trabajo humano, los proletarios (que fueron llamados así porque la única propiedad que alcanzaban a tener era su prole), procuraron para todos, las seguridades que necesitaban para una existencia digna, por medio de los derechos sociales, que de una u otra forma se vinculaban con el trabajo enajenado y su capacidad de enajenación.

Para la clase proletaria, como nueva protagonista emergente de la Historia, la esfera de lo propio en la modernidad se expandió. Lo propio llegó más lejos que a las cosas físicas susceptibles de apreciación económica, muebles, semovientes o inmuebles a las que nunca tuvieron fácil acceso.

En el presente, como nunca antes, los trabajadores para su subsistencia, dependen en mayor medida de la propiedad social, que de la propiedad individual.

panorama fue ilustrado en forma magistral por Victor Hugo en “Los miserables”, acaso la mejor novela que se haya escrito en el sigo XIX para ilustrar los efectos de la

cuestión social.(12)

La sociedad de la modernidad solo pudo construir una barrera contra la miseria a partir de la propiedad social, de la cual pasó a depender la existencia misma de la clase trabajadora primero y, por supuesto, del ejército de desocupados, en la medida en que dejar de pertenecer al mismo, solo es posible a partir de conseguir empleo.

La crónica permanencia en la desocupación es caracterizada como marginalización social.

A esta altura de ese proceso, ya no solo deben interesar los límites del poder de la propiedad de los que lograron acceder al capital y dominan la actividad económica. Ahora se debe discutir en relación con los abusos que a su amparo se producen.

Es necesario revisar el derecho de propiedad a partir de la positiva, ampliándolo paradójicamente con referencia a los desposeídos de las seguridades necesarias para la existencia digna, en función de no contar con capitales individuales acumulados.

Interesan en el Estado Social de Derecho las magras propiedades de los que no acceden al capital, ni a los beneficios de la actividad económica y solo enfrentan a las inseguridades a partir de los salarios indirectos, es decir, de la propiedad social.

Interesa, en consecuencia, el derecho de propiedad de poder acceder a bienes que brindan seguridad, que se constituyen por medio de los derechos sociales.

II   ​- PROPIEDAD SOCIAL Y SALARIOS INDIRECTOS                                                                

De ese modo, como lo sostiene el sociólogo francés, la clase no-propietaria (condenada en el Estado Liberal a la inseguridad social permanente y absoluta), fue

va a permitir a los sujetos socialmente más vulnerables asegurar ciertas protecciones socioeconómicas mínimas que les permitan satisfacer adecuadamente sus necesidades materiales de existencia, sin que ello implique eliminar la propiedad privada de los medios de producción (ni, por tanto, el sistema capitalista de apropiación del trabajo ajeno, que va a ser limitado sin ser erradicado).

En ese contexto, el Estado Social protege a la clase trabajadora mediante un estatuto

limitación de la jornada, libertad sindical, tutela contra el despido, etc.), así como mediante un sistema de seguridad social (derecho a la jubilación, cobertura frente accidentes y enfermedades, seguro de desempleo, entre otros), transformación a

derechos sociales garantizados por el Estado Social se convierten así en la contrapartida concreta, virtualmente universal, a los derechos civiles y políticos que había asegurado el Estado Liberal (en especial, al derecho de propiedad, fuente de

todas las protecciones de la clase propietaria).(15)

La propiedad social como instituto se vincula con la conquista de los salarios indirectos, de los cuales dependen las prestaciones de la seguridad social y el acceso a múltiples formas de la economía, que se rige a partir de reglas que no son las del mercado. Por ejemplo, el patrimonio de las cajas de jubilaciones, de las obras sociales, de las mutuales, de los seguros sociales obligatorios y el capital integrado de las cooperativas de trabajo y las llamadas “empresas recuperadas”. Como asimismo, con las empresas públicas, constituidas a partir de la acumulación de capital social por distintas generaciones, y cuyo objetivo es proveer a todos los trabajadores el acceso a servicios públicos a precios ajenos a la lógica mercantil.

El “salario indirecto” llegó a representar una parte cada más significativa de los ingresos salariales. La diferencia entre el salario devengado y el de bolsillo o neto percibido es ya muy alta y va camino de hacerse mayor. Esa diferencia está constituida por impuestos sociales destinados a dar acceso a los bienes que permiten enfrentar inseguridades existenciales del trabajador como sujeto individual y de clase. Constituyen el trabajador y su clase como la única garantía de aportes al vivir solidario.

De esas reglas depende la propiedad social, y el Estado Social de Derecho, definido como tal, se identifica por esas reglas que lo hacen garante de esas seguridades necesarias para la existencia digna y por la administración de los recursos para que el sistema de seguros sociales cumpla sus fines.

Los instauradores del sistema, sus programadores y organizadores (en Francia, Pierre Laroque, o en Inglaterra lord Beveridge), terminaron por plasmar en función de la lucha contra los riesgos de la vida, una forma de propiedad de la cual cada vez somos más dependientes.

Para la conquista de esas seguridades fue necesario que la libertad de contratación de la apropiación del trabajo fuera objeto de intervención estatal por razones de orden público y al compás de ese proceso el salario social cobró cada vez mayor importancia. En la economía pública y en la condición privada de cada trabajador activo o pasivo.

Un aspecto fundamental de la propiedad social a la que acceden los trabajadores, corresponde a la naturaleza colectiva de la misma.

Los individuos se encuentran protegidos por la propiedad social (pueden gozar de ella o sentirse seguros ante los riesgos de la existencia), en la medida en que pertenecen a grupos, que el derecho reconoce como categorías y a los que otorga en principio (y sin forma explícita) personalidad.

Castel se encargó de destacar la importancia de la pertenencia a los colectivos protectores, como forma de gozar de esa propiedad social.

colectivo en defensa del interés de clase puede nivelar la desigualdad estructural que existe entre el trabajador individualmente considerado y el empresario que se apropia de su trabajo. La efectividad de la propiedad social se basa, por tanto, en la fuerza del colectivo.

La pertenencia al grupo da el acceso a la propiedad de las prestaciones que protegen ante el riesgo (desempleo, vejez, enfermedad, maternidad, accidente, etc.). Algunas de esas prestaciones son dadas en forma diversa por el empleador, otras por el Estado y otras por la red de seguridad social. Esa seguridad es tal en la medida en que reconoce propiedad social como tal.

La inseguridad social está en directa relación con la falta de acceso a las prestaciones del sistema que se integra a partir de impuestos sociales y se integra con aportes de los trabajadores, los empleadores y el Estado.

En un sistema social en el que lo que permite afiliarse a la sociedad a los no propietarios es el trabajo, la carencia de la propiedad social, coloca al individuo en la marginalización. En la economía de mercado, es natural consecuencia de la forma capitalista de apropiación del trabajo.

Una concepción sociológica de la propiedad responde al reconocimiento de la fuerza de los colectivos.

Para la mayoría de la población, lo propio descansa en lo colectivo, más que en lo individual. El acceso a la propiedad individual no deja de ser una meta, pero para muchos, la subsistencia depende de su integración a lo colectivo. Ser o no marginal, en la sociedad que vivimos se define en función de lo colectivo, primero y después, accesoriamente de lo individual.

Desde la década del 70 del siglo XX, la crisis se mide en relación con la propiedad social, sobre la cual se practican las llamadas “políticas de ajuste”, que significan falta de recursos, lo que se traduce en disminución de acceso a las seguridades que brinda esa propiedad.

Al proletario de hoy, cuando queda desocupado, se lo llama marginal.

La crisis amenaza y deteriora el poder de los colectivos y al Estado Social de Derecho, que, como tal, resulta eficiente en la medida en que crea, fomenta y permite el acceso a la propiedad social. El denominado “ajuste” atenta contra la identidad de esos colectivos y la propiedad social por ellos alcanzada.

La desapropiación de los trabajadores de su propiedad social, los somete a la marginalización del sistema de la economía de mercado, que en esto demuestra su incapacidad de resolver la problemática universal de la subsistencia digna y funcionar eficientemente.

Por lo demás, la propia economía de mercado, sublimada en la sociedad del consumo, termina siendo arrastrada por su falta de respuesta totalizadora a las necesidades de la población, por cuanto los sectores más empobrecidos siguen siendo la nutriente fundamental del consumo. Y los indigentes totales, pierden toda significación en el mismo.

La actual es una crisis de seguridad social que parte de los estatutos colectivos, desintegrando a los trabajadores de los mismos. Para el carenciado de esa propiedad, la cuestión comienza en lo laboral y termina en lo penal. Contra esto, el derecho social crea instrumentos limitantes del abuso del poder.

Comienza por perfilar los derechos humanos y sociales como fundamentales. Les reconoce imperio universal. Apoya al constitucionalismo en ellos, por cuanto traducen los valores que determinan su lógica.

El principio de indemnidad, de raigambre romana, pasó a operar de lo individual, a lo colectivo. A fines del siglo XIX, lo hizo a través de los seguros sociales obligatorios, que desde Bismarck al presente, impulsaron a la seguridad social como sistema en el cual resistir a los riesgos de trabajo primero y a los existenciales después. Y de las nuevas propiedades que crea dependen la salud y vida. La destrucción de ese tipo de sistema se traduce en pérdidas de salud y vida. Es allí donde puede advertirse que, al socializar los riesgos en el colectivo, la propiedad social protege a los individuos vulnerables (trabajadores) contra todas las contingencias vitales.

El principio protectorio del trabajador, base del orden público laboral, procura que las desigualdades reales se compensen a la hora de los conflictos con otras desigualdades reparadoras (igualdad por compensación, art. 17 bis, LCT).

A su vez, el principio de progresividad de los derechos sociales cumple la función de regular la dominación del porvenir. Actúa particularmente en la regulación de la

inseguridad social. Opera como regulador del progreso, en la medida en que el mismo no pueda afirmarse en el daño de los débiles.

En materia de relaciones laborales, pensar, a esta altura de las cosas, el progreso en términos exclusivamente económicos, es no entenderlo, lo que lleva a desvirtuarlo.(18)

La utópica función de dominar al porvenir es esencial del Estado de Derecho, cuando este reconoce la cuestión social y la cuota de injusticia social que el orden establecido y vigente mantiene.

La regla general de derecho invocada como principio de progresividad, alcanza el poder jurígeno de limitar la normativa fundada en el progreso (apoyada esta en orden público económico), para asegurar paz social. Si bien posterga en el presente la cuota de desigualdades, la pauperización y marginalización del sector más numeroso, dinámico y necesitado de la población, garantiza el proceso de cambio racional en función del menor daño posible a sufrir por los sectores más necesitados. Impone al Estado Social el deber de incrementar la tutela de los derechos sociales, a la vez que, paralelamente, le impide reducir el nivel de protección social alcanzado, lo que implica tanto sostener que -como lo establece el art. 17 de la CN para la propiedad en

Pero ese implícito mantenimiento en el presente de las injusticias actuales en función de la justicia a alcanzar en el futuro (utopía reformista), es tan sutil y precaria que debe dar garantías de subsistencia a los individuos.

La garantía pasa por un bloque básico de derechos humanos (que hacen a la propiedad individual de la integridad psicofísica) y el acceso a los derechos colectivos (públicos subjetivos y de clase), que permiten el goce de bienes inmateriales, a los sujetos que integran las categorías que reconoce el orden constitucional de los Estados de Derecho Social. En el lenguaje de la Corte Suprema, sujetos de preferente tutela constitucional.

Otra de las derivaciones fundamentales de la propiedad social es el principio de estabilidad el empleo que, como lo hemos señalado anteriormente, reforzada por el derecho humano al trabajo respalda la propiedad por el trabajador del puesto de trabajo, del que (al igual que el propietario individual con su derecho de dominio) no

La axiología de la indemnidad (individual y colectiva), la protección de las clases desposeídas y el ordenamiento reformista del progreso (no solo el económico), con mínimas garantías de estabilidad el empleo, es la que sustenta el precario pacto social, lo legitima y provoca el retorno al respeto de la propiedad social en la comunidad primitiva, de la que también debemos aprender, si la niebla de un progreso mal entendido no nos enturbia la vista.

III      - LA ADMISIÓN POR LA CORTE DEL RESPETO A UNA FORMA DE PROPIEDAD SOCIAL Y EL DERECHO DE DAÑOS EN LOS INFORTUNIOS DE TRABAJO      

El derecho de propiedad perdería todo sentido si no estuviera vinculado con un derecho de daños que lo proteja. Y este, a su vez, debe alcanzar tanto al cuerpo y la esencia individual de la propiedad en cuanto derecho humano individual, y colectivo en cuanto social. En este último sentido, en cuanto acceso a la propiedad social de seguros obligatorios.

Así lo entrevemos en el voto de los ministros Enrique S. Petracchi y E. Raúl Zaffaroni, a los que adhirieron según sus propios votos los jueces Augusto C. Belluscio, Juan C. Maqueda y Elena T. Highton de Nolasco, cuando fundaron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39, apartado primero de la ley 24557, invocando el agravio al principio de progresividad en función de sostener que el ingreso a la reparación del daño padecido en un infortunio laboral por un régimen social de seguros obligatorios, no pudo hacerse en detrimento de los derechos individuales, que ya el propio régimen individualista del Código Civil reconocía, sin agravio de derechos humanos fundamentales.

En términos analógicos, en el derecho interno puede contar con el apoyo racional que le ofrece la interpretación inteligente que hizo del orden constitucional social de derecho, la reforma de 1994 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que

consagró en forma explícita ese principio en su artículo 39.3.(24)

IV       - ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO Y ORDEN PÚBLICO SOCIAL     

Las colisiones entre los distintos tipos del derecho de propiedad que coexisten, se articulan y resuelven a partir de una escala de valores, que determina que algunos derechos de propiedad estén jerarquizados por sobre otros. Cabe destacar, en ese sentido, que el derecho de propiedad individual no es absoluto, y debe ceder ante los derechos sociales (propiedad social) que constituyen el núcleo duro de protección

conformado por el orden público social.(25)

Esa escala determinada por valores es producto de la historia de la civilización, que produjo el ascenso de tipos de propiedad y también su repudio. Toda la economía de la antigüedad, dependió del respeto a la propiedad esclavista y en la actualidad ella nos produce repulsión y constituye un acto ilícito. La propiedad de la tierra cedió hegemonía y poder en función de la propiedad de las máquinas y del trabajo humano que las hace generar mercaderías y servicios. Hoy, la propiedad financiera y el capitalismo de plataformas manda a las naciones, tornándose en virtual, pero no por ello en menos poderosa que otras. Pero en la escala racional de los valores, existe una regla que no debe burlarse, si es que se quiere evitar la deshumanización de la

sociedad. La razón de ser de la propiedad es que ella corresponde a una extensión de las facultades del hombre y lo propio, es más propio, cuanto más cercano está el hombre en su integridad psicofísica.

Esa es la razón de ser que la propiedad alimentaria, cubierta por la compleja red de garantías que la sociedad construye a partir de impuestos sociales, ocupa en el rango de las propiedades una escala superior. Si se las enfrenta porque colisionan, la propiedad de un salario de desempleo, está jerarquizada moral y jurídicamente en los Estados Sociales de Derecho por sobre la del crédito financiero.

Por eso, incluso, el progreso económico, no es excusa para privar de las propiedades que están galvanizadas por el blindaje de ser alimentarias, y tiene como condición de validez al principio de justicia social (art. 75.19, CN].

En la era de la marginalidad social, renace la importancia de lo alimentario.

En el conflicto de la propiedad individual (que no es alimentaria) y la propiedad social (que reviste el carácter de alimentaria del hombre), no debe haber espacios para la duda sobre la prevalencia de esta última, ni margen para incrementar el hambre.

Es por eso, que la razón de ser de las limitaciones al derecho de propiedad individual responden a la dimensión privilegiada que se desprende al tratamiento de orden público que se da a la propiedad social, en el Estado garantista.

Cuando el progreso económico se transforma en un fin en sí mismo, aun como el medio de constituir a la Nación, se genera la axiología del orden público económico. Pero este encuentra sus límites en el orden público social en cuanto garante de la vida social digna. La economía es una ciencia social, no un instrumento asocial. La calidad de vida digna resulta, al final, de la forma en que esta se subordina a la política social.

Solo cuando el progreso deja de ser un fin en sí mismo y se constituye en un medio de realización del hombre en la sociedad, en la Nación, en la empresa, adscribe a una ideología verdaderamente liberal y democrática, a partir de un orden determinado por las clases más necesitadas.

La idea del progreso, tan significativamente expresada en las constituciones liberales, que en función de la propiedad culminan en el enaltecimiento del desarrollo del hombre en la medida de las garantías alcanzadas sobre los bienes que lo ponían al resguardo de la inseguridad en la vida, terminó siendo enriquecida por una noción nueva y superior de la propiedad social.

Paradójicamente, el progreso consolidado de la libertad en el ejercicio del comercio, que culminó en el orden propiciatorio del capitalismo, terminó encontrando sus límites en los derechos sociales fundamentales, operando a partir del principio de progresividad, como límite ordenador del progreso económico.

La progresividad del orden jurídico en este sentido acompaña al cambio ordenándolo no en función del todo, sino en función de los que más necesitan. El deber ser siempre es una velada promesa de cambios y una garantía de las propiedades sociales, al mismo tiempo que un vallado al daño de las personas. La regla general de la progresividad, es instrumental del principio general de indemnidad.

Ese es el numen justificador del orden público laboral.

El desarrollo sin culpas, tan necesario para la defensa ecológica de la humanidad, también alcanza al llamado principio de progresividad, en cuanto este es garante de propiedades sociales.

Así como son necesarias tecnologías limpias, debe proveerse de leyes limpias que respondan al respeto de estos principios. Precisamente por ello, es que el principio de progresividad, parido por el derecho social, rige sin cortapisas también en el derecho

ambiental, rama jurídica esta última que también ampara la propiedad social.(26)

Los mecanismos de desarrollo limpio (MDL), concepto caro del cual dependen hoy los pueblos más vulnerables del globo, tiene su correlato en el tratamiento de las clases en cualquier espacio del mismo.

Las consecuencias interesan a partir del daño sufrido por los más débiles en cuanto son los más necesitados de la protección del derecho como conjunto normativo asentado en valores admitidos por una civilización en un momento de su historia.

V ​- REFLEXIÓN FINAL                                                                 

Cuando hace más de un siglo Duguit enseñaba sobre el proceso de profundas transformaciones sociales que se estaba dando, la legislación social estaba en sus primeros pasos, las asociaciones gremiales de trabajadores recién salían del orden punitivo que las condenaba, las conquistas de la huelga sublimada en convenios colectivos comenzaban a perfilar los efectos de la admisión de los sujetos de clase. El constitucionalismo social estaba por nacer.

Hoy, la vida digna de los seres humanos, su propia subsistencia como especie que no se autodestruye, está dependiendo de la propiedad social y la lucha por el derecho que la sostenga, encuentra en ello una razón de peso.

Desde el derecho social ha de defenderse la defensa irrestricta y progresiva de la propiedad social como último refugio existencial de los más vulnerables.

                

1994 - año IX - N° 103 - T. VIII - pág. 175; “El orden público laboral y el principio de

progresividad” - en revista Doctrina Laboral - ERREPAR - Bs. As. - setiembre de 1995 - año

XI - N° 121 - T. IX - pág. 645; “El principio de progresividad”, publicado en el Tomo de

Ponencias del Primer Congreso Nacional de Abogados: “Hacia nuevas formas de defensa de los trabajadores”, celebrado en el Salón Germán Abdala, Bs. As., los días 10 y 11/10/1997 - pág. 11; “Reflexiones sobre el principio de progresividad y la idea del progreso en el derecho del trabajo” - en Revista del Colegio de Abogados de La Plata - 1999 - año XXXIX - N° 60 - pág. 149; “La disponibilidad colectiva en las leyes 25013 y 25250 y el principio de progresividad” - en revista La Causa Laboral de la Asociación de Abogados Laboralistas - Bs. As. - diciembre de 2001 - año 1 - N° 2 - pág. 15; “La constitucionalización del principio de progresividad” - en revista Doctrina Laboral - ERREPAR - Bs. As. - junio de 2003 - año XIX -

T. XVII - N° 214 - pág. 487; “Correcciones por inconstitucionalidades del tarifarismo y el principio de progresividad” - en diario LL - miércoles 20 de octubre de 2004 - año LXVIII - N° 202 - pág. 1. También en el Suplemento LL de la Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal - oct.-nov. 2004 - N° 38 - pág. 11. Reproducido también en Gacetilla del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, “Últimos fallos de la Corte Suprema Nacional en materia laboral” - La Plata - diciembre de 2004; “El principio de progresividad y su conceptualización en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema” - en revista Doctrina Laboral - ERREPAR - Bs. As. - febrero del 2005 - año XX - T. XIX - N° 234 - pág. 107; “La tímida e inicial invocación del principio de progresividad en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en que se declara la inconstitucionalidad de la ley

24557” - en LL - Bs. As. - junio de 2005 - año 12 - N° 5 - pág. 497; “Reforma laboral.

Análisis crítico. Aportes para una teoría general del derecho del trabajo en la crisis - LL - Bs. As. - 2001; “El principio de progresividad y la protección contra la miseria” - en Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social - abril del 2008 - pág. 574 y ss. Orsini, Juan I.: “Los principios del Derecho del Trabajo” - en Revista “Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata” - LL - Bs. As. - 2010 - año 7 - N° 40 - págs. 489/450; “El derecho al trabajo como límite constitucional al despido injusto” - en Revista “Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La

Plata” - LL - Bs. As. - 2012 - año 9 - N° 42 - págs. 364/380; “Principios del Derecho del

Trabajo y derechos del trabajador en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires” (primera parte) - en Revista “Doctrina Laboral y Previsional” - ERREPAR - Bs. As. - agosto de 2017 - Año XXXII - T. XXXI - Nº 384 - págs. 3757/3779; “Principios del Derecho del Trabajo y derechos del trabajador en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires” (segunda parte) - en Revista “Doctrina Laboral y Previsional” - ERREPAR - Bs. As. - setiembre de 2017

- Año XXXII - T. XXXI - Nº 385 - págs. 861/872

(2)   Los autores dedican este trabajo al profesor Ángel Eduardo Gatti, humanista cabal, quien, integrando junto con ellos el Instituto de Derecho Social y la Cátedra I de Derecho Social en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata - cuna de la Escuela Platense de Derecho Social- supo honrarlos con sus enseñanzas y su amistad.

(3)   El monarca se comprometió a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles ni la confiscación de sus bienes, mientras aquellos no fuesen juzgados por “sus iguales”

(4) Hobsbawm, Eric: “Marx y las formaciones precapitalistas” - en “Cómo cambiar el mundo”

- Ed. Crítica - Bs. As. - 2011 - pág. 140

(6) Fragueiro, Mariano: “Cuestiones Argentinas y Organización del Crédito” - Ediciones Solar

- Bs. As. - 1975

(7)    Jaurès, Jean: “Estudios socialistas” - París - 1909 - pág. 68 - disponible en: https://elsudamericano.files.wordpress.com/2018/07/jaures-jean-estudios-socialistas.pdf

(8)  Como lo hemos destacado anteriormente, el naciente derecho al trabajo -surgido en los albores de la Revolución Francesa de 1848- aparecía, en sus primeras formulaciones, vinculado, en el pensamiento socialista utópico, con el derecho de propiedad. En ese sentido, Louis Blanc defendía la idea del derecho al trabajo como legitimador de la propiedad y vía de acceso por los trabajadores a la misma, es decir una forma de alcanzar una propiedad más universal e igualitaria, mientras que Considérant -un discípulo de Fourier- vio en el reconocimiento del derecho al trabajo una “especie de indemnización para los no propietarios”, que tenía la función de asegurar a los trabajadores un mínimo existencial en la misma medida en que le era garantizado “al hombre salvaje por sus derechos a la caza, la pesca, el pastoreo y la recolección”. Esa idea de asegurar a todos los individuos un mínimo existencial como forma de recuperar la garantía de subsistencia perdida por los trabajadores con el capitalismo había sido anticipada por el propio Fourier -que ha sido considerado el “padre del derecho al trabajo”- quien había sostenido que debido a la pérdida -a causa del proceso civilizador- de los derechos naturales que disfrutaba el hombre en estado salvaje,

este debía ser recompensado por el derecho al trabajo, “el primero y fundamental de los

derechos humanos”. Sobre esa cuestión, ver Orsini, Juan I.: “El derecho al trabajo como

límite constitucional al despido injusto” - en Revista “Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata” - LL - Bs. As. - 2012 - año 9 - N° 42 - págs. 364/380

(9)  Fue escrita en 1912, en Burdeos, y traducida al castellano por Carlos G. Posada (editada en Madrid). Está agotada, el lector puede acceder a ella en la biblioteca de la Corte Suprema

(10) Blanc, Louis: “Organisation du travial” - París - 1850 - pág. 4 (1ª ed., 1839)

(11)  Buret, Eugéne: “De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France: avec l’indication des moyens propres à en affranchir les sociétés” - París - 1841

(12)  En la obra, el protagonista, Jean Valjean, un joven trabajador (cuyo padre había muerto en un accidente de trabajo), que gastaba su vida “en un trabajo duro y mal pagado”, quedó desempleado, con siete niños que mantener. Para alimentar a esos niños, el obrero intenta robar un pedazo de pan (lo que ni siquiera logra), pero es descubierto, y condenado a 19 años de prisión. Graficando esa terrible situación a la quedaba sometido un obrero sin empleo, única fuente de subsistencia en la sociedad salarial, dice el notable escritor francés:

“Se preguntó si la sociedad humana podía tener el derecho de hacer sufrir igualmente a sus miembros, en un caso por imprevisión irracional, y en otro por previsión despiadada, y apoderarse para siempre de un pobre hombre entre un defecto y un exceso: defecto de trabajo y exceso de castigo. Si no era exorbitante que la sociedad tratara así precisamente a sus miembros peor dotados en el reparto que hace el azar, y por consiguiente, los más dignos de consideración” [Hugo, Victor: “Los miserables” - Bibliotex - Barcelona - 2000 - T. 1

-  pág. 96 y ss.]

(13)  Castel, Robert: “El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo” - Fondo de Cultura Económica - México DF - 2012 - pág. 26

(14) Castel, Robert: “La inseguridad social: ¿qué es estar protegido?” - Ed. Manantial - Bs.

As. - 2004 - págs. 41/42

(15) Castel, Robert: “La inseguridad social: ¿qué es estar protegido?” - Ed. Manantial - Bs.

As. - 2004 - págs. 42/47

(16)  Castel, Robert: “La metamorfosis de la cuestión social” - Ed. Paidós - Barcelona - págs. 379/380

(17) Castel, Robert: “La inseguridad social: ¿qué es estar protegido?” - Ed. Manantial - Bs.

As. - 2004 - pág. 50

(18)  El progreso, en el arte y el derecho, solo puede justificarse a partir de valores éticos y

filosóficos. En materia de arte, Ann Arbor sostiene: “... quiero decir concretamente que el

progreso a partir de este punto es progreso filosófico...”. Lo dijo hablando del fin del arte y planteándose, “...los filósofos no podían haber imaginado una situación como la presente en la que todo vale” (Fragmentos del libro “La Madonna del futuro”, traducción de Gerard Vilar - Ed. Paidós - 2003 - págs. 474/475)

dichas medidas regresivas sean compatibles con el aludido principio” [SCBA, 10/6/2009,

“Velurtas, Ricardo Rodrigo Emilio y otros s/inconstitucionalidad ley 11761”]

vividas como provisorias. Mañana será mejor que hoy. Es la posibilidad de anticipar una futura reducción progresiva de las desigualdades y la erradicación de los bolsones de pobreza y de precariedad que subsisten en la sociedad. Es lo que se llama progreso social, que supone la posibilidad de programar el porvenir” (Castel, Robert: “La inseguridad social:

¿qué es estar protegido?” - Ed. Manantial - Bs. As. - 2004 - págs. 48). En clave artística, lo había anticipado bellísimamente Luis A. Spinetta: “Aunque me fuercen/yo nunca voy a decir/que todo el tiempo por pasado fue mejor/mañana es mejor” (Spinetta, Luis A., “Cantata de puentes amarillos” - en “Artaud” - Talent/Microfón - Bs. As. - 1973)

(21)  El primer jurista que hubo de teorizar extensamente a la estabilidad como “derecho a la propiedad del empleo” fue George Ripert, en su obra “Aspectos jurídicos del capitalismo moderno” (Ed. Comares, Granada, 2001), que fue publicada originariamente en el año 1946. Con todo, la idea había sido deslizada por el autor en un artículo previo (Ripert, George, “Una nouvelle propriété incorporelle, la clientèle de rèpresentant de commerce” - D. H. - París - 1939 - Chronique). Luego, fue retomada y profundizada por autores italianos, alemanes y norteamericanos. Sobre este tema, ver Cornaglia, Ricardo, “La propiedad del

cargo, el acto discriminatorio que priva de ella y su nulificación” - en Revista LL - Bs. As.,

18/8/2004; Orsini, Juan I.: “El derecho al trabajo como límite constitucional al despido injusto” - en Revista “Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata” - Ed. LL - Bs. As. - 2012 - año 9 - N° 42 - págs. 364/380

(22)   Al otorgarle al principio un carácter arquitectónico, se le está asignando la función sistémica que cumple en tanto cimiento estructural o viga maestra de la disciplina: si ese cimiento es atacado, el derecho social se derrumba

(23) “Diario de sesiones de la Convención Constituyente” - T. II - pág. 1060

(24)  Sobre la relevancia de esa norma de derecho público local, inspirada por un dictamen del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, ver “Principios del Derecho del Trabajo y derechos del trabajador en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires” (primera parte) - en Revista “Doctrina Laboral y Previsional” - ERREPAR - Bs. As. - agosto de 2017 - Año XXXII - T. XXXI

-  Nº 384 - págs. 3757/3779; “Principios del Derecho del Trabajo y derechos del trabajador en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires” (segunda parte) - en Revista “Doctrina Laboral y Previsional” - ERREPAR - Bs. As. - setiembre de 2017 - Año XXXII - T. XXXI - Nº 385 - págs. 861/872

artículo 75, inc. 22)” - (SCBA - 30/10/2013 - “Iturregui, Silvia Georgina y otros c/Instituto

San Antonio de Padua y Orden Franciscana de Frailes Menores Conventuales s/diferencia de haberes”). En esa misma dirección, la Corte Federal ha dicho que “admitir que los poderes del empleador determinen la medida y alcances de los derechos humanos del trabajador importaría, pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a

través de la Constitución Nacional”, toda vez que, “Por lo contrario, son dichos poderes los

que habrán de adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad”. Agregó el Tribunal que no es admisible la confrontación entre los derechos humanos del trabajador “con otros derechos y libertades constitucionales de sustancia predominantemente económica”, como los derechos a la organización y

dirección de la empresa, habida cuenta que la dignidad del trabajador es un “valor

[CSJN - 7/12/2010 - “Álvarez, Maximiliano y otros c/Cencosud SA s/acción de amparo” -

considerando 10 del voto de la mayoría].

logrados, no sean sustituidos por otros, inferiores u ostensiblemente ineficaces” [SCBA-

24/5/2011 - “Fundación Biósfera y otros c/Municipalidad de La Plata s/Inconstitucionalidad Ordenanza 10703”]