Revista La
Defensa del IDEL.FACA, diciembre del 2023.
Editorial.
LA
LUZ AL FINAL TÚNEL.
Por
Ricardo J. Cornaglia.
Para la democracia la alternancia en el poder
de la administración pública es una posibilidad virtuosa de corregir errores y enderezar
el rumbo cuando los gobiernos los cometen. Sanciona al autor del error y
promete la enmienda del mismo.
Que los gobiernos que supimos conseguir han
tenido errores garrafales es para la opinión pública aceptado.
Las elecciones presidenciales del mes pasado
han plasmado un cambio votado como mandato y obligación de cumplir con lo
comprometido en la campaña y apoyado por la mayoría del electorado.
En medio de una crisis socio-económica grave,
la promesa de cambio, esperanza. Reiteradamente se la describió como una luz al
final del túnel.
El presidente electo demostró ser en sus
ofertas el más vigoroso y creíble de los candidatos, haciendo de su falta de
experiencia en la gestión del poder público un mérito. Interpretó hasta donde
llegó el hastío a la población y demostró su capacidad de organizar desde
magras, pero jóvenes estructuras de militancia, un signo favorable para
construir esa esperanza electoral.
Ahora ha llegado el momento de la gestión. La
prueba de la verdad.
La hora de los intentos de reforma. Cuando los
hechos superan a los discursos.
Todo cambio acarrea costos que soportar por la
sociedad que se compromete. Deben ser soportados, asimilados como una apuesta a
mejorar el futuro.
No le será fácil al responsable de la
administración enfrentar los cambios ministeriales y las burocracias instaladas
y poderosas, afianzadas, dúctiles para supervivir aún en circunstancias de
cambios tan profundos como los que vivió el país cuando el partido militar
ejerció sus dictaduras. Subsistieron y acumularon fuerzas en el libre juego de
la democracia y se fortalecieron no solo en el aparado del Estado. Lo hicieron
hasta en el propio seno de los partidos políticos.
En el aparato del Estado Nacional y los
Estados Provinciales, la tercerización y privatización de ciertas
funciones de la administración, lejos de debilitar sus fuerzas las
incrementó en todo aquella que es la incumbencia de lo público. Estamos pagando
caro algunas de las privatizaciones incluso de sectores como los propios de la
explotación de las riquezas naturales.
No está dentro de la incumbencia del
presidente como máximo responsable de la administración pública, cambiar la
gestión propia de los poderes judicial y legislativo. Y los vicios propios de
la burocratización manifiesta en la gestión de esos poderes republicanos es
manifiesta y compite en degradación como las de las administraciones de
nuestras provincias y municipalidades que el federalismo constitutivo necesita
y sobre las cuales se asienta. Tampoco éste es el coto de caza del presidente
de la Nación y para incursionar en ellos, lo haría violando la Constitución
Republicana y Federal.
Ello no es su incumbencia conforme a derecho,
en una República como la nuestra, connatural a la existencia política de la
Nación, que surgió generosa, sembrando libertades por la patria grande, sin
aspiraciones imperiales y haciendo del liberalismo la virtud superadora del
colonialismo.
Nuestra criolla República parte de respetar la
división de los poderes y estos pasan a existir como la sociedad se los merece.
Cada vez que esa regla dejó de ser respetada, toda la arquitectura
constitucional adoptada se transformó en una farsa liberal, para dar turno a
los golpes de estado que en vano remedan revoluciones. Ellas, pocas veces han
tenido lugar en forma trascendente en la historia de las civilizaciones. La
única de las nuestras, se dio en 1810 y sigue inmadura, rompiendo lazos de
dependencia internacional y en lo interno, aprendiendo el difícil arte de
gobernar a un pueblo libre e indócil, amante del igualitarismo. Crisol de
razas.
En una sociedad constituida jurídicamente como
en un Estado Constitucional Social de Derecho, que es una confederación de
provincias, que a su vez enarbolan banderas de autonomías municipales, los
límites de lo que puede hacer un presidente, cualquier presidente, incluso
aquellos que estaban sentados sobre las bayonetas, son manifiestos y la
limitación alcanza al presente. Son límites no solo constitucionales, sino
también lógicos, racionales, solo desafiados por los estúpidos o los falsarios.
Desde el punto de vista ideológico, el triunfo
electoral en la carrera presidencial ha sido calificado por la oposición en
general, como propio de una corriente neoliberal en auge, que tiene parangones
cotejables en otras naciones.
Creemos que para la política y su construcción
cultural la tipificación crítica del liberalismo en la forma en que se la viene
planteando desde derechas e izquierdas, es confusa y lleva a errores.
Consideramos incurso en esa confusión al presidente en ejercicio, que hace
mérito de su liberalismo al punto de declamar a los gritos y con carajos
su libertariedad, neologismo usado para calificar una burda
apropiación del anarquismo. Ayuda a confundir y disimula verdadera cara de la
corriente ideológica que con propiedad debe ser considerada el neo
conservadorismo. Para los poco amigos de las constituciones liberales remozadas
por los derechos sociales y humanos, el neo conservadorismo, que propulsó a
Thatcher y Reagan para citar a los más trillados, se trata de la revolución neo
conservadora. En ellos la esperanza toma la forma de la utopía.
Cuando la oscuridad reina, la llama de la
utopía da sentido, es necesaria, pero no un milagro.
Aquellos que creen que la reconstrucción de la
República Argentina y sus instituciones será milagrosa poco aportarán a lo que
la sociedad necesita.
El reformismo neo conservador y el socialista,
tienen los mismos límites jurídicos que respetar, en el orden interno y en el
nacional. Por supuesto que la propiedad es uno de ellos, pero es la propiedad
con función social la que debe ser resguardada. Claro que la libertad tiene sus
límites y no solo económicos, de información o tránsito, en cuanto a la llamada
dolarización o el Banco Central. En la gestión de los tres poderes del estado,
esos límites responden a la construcción doctrinaria del abuso.
Cuando se tiene noción de lo dicho, la luz al
final del túnel, sirve para honrar y leer la inteligencia del programa
constitucional, en clave de derechos humanos fundamentales. Pero no hay ciego
peor que el que no quiere ver.
Para ello resulta conveniente cavilar sobre el
mito de la caverna, una alegoría sobre el conocimiento, significante del
pensamiento de Platón, expuesto en la República (año 380 a. C.), en la que el
ser humano encadenado dentro de una caverna desde su nacimiento, lo único que
ve son sombras reflejadas en la pared, pensando que esa es la realidad.